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La alcaldesa de Puertollano defiende ante la justicia  la legalidad de la consolidación de 12 plazas de matarife

La alcaldesa de Puertollano (Ciudad Real), Mayte Fernández, ha abierto este miércoles la ronda de declaraciones en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la ciudad, tras ser citada como investigada junto a casi toda la Corporación municipal de 2010 que intervino en el acuerdo plenario de amortización de 12 plazas de ayudante de matarife denunciado por la Plataforma de Funcionarios Interinos Despedidos del Ayuntamiento de Puertollano (FIDAP).

La alcaldesa, que ha comparecido junto al exsecretario accidental, la interventora en el momento de los hechos y otros tres concejales, ha llegado al juzgado sobre las 8.30 horas, si bien su declaración estaba prevista a las 9.30 horas y ha permanecido en sede judicial hasta las 11.30 horas.

En declaraciones a los periodistas realizadas tras su salida de los juzgados, la alcaldesa ha explicado que ha respondido a las preguntas de la jueza y de su propia defensa “tratando de aclarar lo que ocurrió hace ya muchísimos años, en el marco de un proceso de consolidación de empleo de más de 200 funcionarios”.

La alcaldesa, que era en aquella época concejala de Administración Interna y Contratación, ha recordado que aquel proceso se efectuó con el “máximo consenso, y con una fase de negociación que duró muchos años porque empezó antes de 2006”. En todo caso, ha subrayado que no disponía de “ninguna advertencia” de que lo que se estaba haciendo “no cumpliera con toda la normativa” y que el acuerdo contaba “con todos los informes necesarios”.

Así, Fernández espera que las diligencias se archiven “cuanto antes” porque no encuentra “ninguna causa” para que se “acuse de nada” a la Corporación. “Lo que se hizo fue respetar los derechos de los trabajadores reconocidos en el estatuto del empleado público”, ha finalizado.

Las comparecencias de los ediles se enmarcan en las diligencias emprendidas por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puertollano después de que la Plataforma de Funcionarios Interinos Despedidos denunciara al Ayuntamiento por presunto delito de prevaricación administrativa en el proceso de amortización de 12 plazas de ayudante de matarife en el año 2010. La denuncia apunta a la creación por concurso oposición de unas plazas funcionariales “vacías de contenido y sin expectativas de tenerlo tras el cierre del matadero”.

La providencia de la jueza responde a la petición del Ministerio Fiscal, que entiende que resulta necesario recibir declaración judicial de estas personas en calidad de investigadas a fin de poder determinar su grado de participación en los hechos. En este caso se trata del exsecretario e interventora accidental, así como todos aquellos concejales de los grupos políticos que votaron a favor del acuerdo del pleno del Ayuntamiento celebrado el 25 de marzo de 2010. Las comparecencias están señaladas para los días 5, 10, 14 y 17 de diciembre.

PROTESTA POLICIAL FRENTE A LOS JUZGADOS

La personación de los primeros investigados ha sido seguida frente al edificio de juzgados por parte de la plantilla de la Policía Local, que se ha concentrado, convocada por el sindicato SPL, para protestar por los “incumplimientos” del equipo de Gobierno en el marco de una negociación en la que exigen la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo, más medios materiales y personales, y una incorporación de la paga de productividad en el complemento específico de los funcionarios.

Si bien el sindicato ha desvinculado esta protesta de las diligencias judiciales por el caso de las consolidaciones, se han podido escuchar consignas como “tira de la manta” o “este PSOE es una ruina”.

En declaraciones a los medios de comunicación, el representante del sindicato policial, Agustín Roque, ha acusado al equipo de Gobierno de “destruir” a la Policía Local, un cuerpo que “lleva diez años sin que se hayan repuesto los efectivos”.

Así, Roque ha explicado que hace una década patrullaban las calles seis coches de policía, en contraste con los dos que lo hacen actualmente, y ha advertido de que con los medios actuales no se pueden atender las necesidades de la población, con los consecuentes problemas de seguridad ciudadana.

En este sentido, ha subrayado que solo se han cubierto dos plazas de policía de las 14 contempladas en la oferta de empleo público, a lo que hay que añadir la falta de ropa de trabajo y sonómetros. Además, ha advertido de que “se va a cerrar” el Departamento de Movilidad por “falta de personal”.

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