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Una querella pone contra las cuerdas a la alcaldesa de Puertollano y varios funcionarios

El juzgado de Instrucción número 1 de Puertollano ha admitido a trámite una querella criminal contra la alcaldesa de la localidad, Mayte Fernández, la Junta de Gobierno Local y varios funcionarios, interpuesta por un policía local que fue suspendido de empleo y sueldo durante seis meses.

Tal y como explica en una nota de prensa el portavoz del policía denunciante, Agustín Roque, la acusación considera que “tales medidas, además de ser sumamente injustas, eran sumamente retorcidas, debido a que tal medida jamás se había aplicado a ningún otro funcionario del Consistorio”.

Además, teniendo en cuenta, explica el portavoz “las barbaridades administrativas que en este Ayuntamiento han concurrido” haciendo mención en el comunicado al conocido caso ‘Cerrú’, “sin que en su caso se haya procedido a tomar medidas disciplinarias, por lo que aún menos, tomar medidas cautelares a otros funcionarios y que ahora la justicia dirimirá si sobrepasa la chapuza administrativa y alcanza la mala fe necesaria requerida en el Código Penal”, subraya Agustín Roque.

La sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 de Ciudad Real del pasado 7 de junio desestimó la decisión de la Junta de Gobierno Local contra el demandante, dando la razón a este policía local en sus alegaciones relativas a la “desproporción” de la sanción impuestas por el Consistorio y la “falta injustificada” de la misma.

Para el portavoz del policía denunciante este caso es “síndrome inequívoco de clientelismo y compadreo por parte de estos políticos que alardean de democracia e igualdad, y tendrán que explicar el criterio jurídico que se guarda para investigar a unos funcionarios y a otros no”. “Una vez más, las venganzas pobres con connotaciones políticas y las miserias administrativas del Ayuntamiento, que terminaron en una presunta persecución y escarnio contra dicho policía, resultan ser todo lo contrario que debe predicar un político”, sentencia Agustín Roque.

Por tanto, el portavoz concluye que de este caso “se desprenden indicios de la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa, señalándose para el día 28 de enero la declaración de la alcaldesa de Puertollano, así como a los instructores de los respectivos expedientes N.C, P.B.F, F.M y Mª.D.R.M»

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